Una ley que exige el uso del posnet sigue enfrentando a políticos y empresarios

El proyecto tiene media sanción y obliga a comerciantes de la provincia deBuenos Airesaaceptar pagos contarjetas de débito y crédito. Por qué los empresarios creen que la medida afectará a monotributistas

 

Hace ya casi dos años que un mismoproyectorenueva los cruces entre políticos y empresarios en laprovincia de Buenos Aires. Con media sanción en la Cámara de Senadores de lalegislatura bonaerense, la llamada"Ley Posnet"tiene un claro objetivo: exigir a los comercios a instalar terminales electrónicas de pagopara que más allá del efectivo, los consumidores elijan si quieren pagar contarjeta de crédito o débito.

Con todo, la normativa cuenta con una excepción: las personas físicas o jurídicas con ingresos brutos inferiores a$144.000 anualesno están obligados a contar con el sistema.Gustavo Oliva, senador por el Frente para la Victoria (FPV), fue quien presentó el proyecto en diciembre de 2012, y señaló aInfobaeque desde ese entonces"está frenado" en la Cámara de Diputados. "El espíritu es darlemás seguridad y comodidadal ciudadano de la provincia. Pero los empresarios no quieren pagar impuestos, por eso evaden y eluden", sentenció.

LaCámara Argentina de Comercio (CAC)sostiene la posición más desafiante a este proyecto, que cuenta con el aval del gobernadorDaniel Scioli. "Esta leyes inaplicableporque pretende abarcar al universo de comerciantes desde lacategoría E de monotributoen adelante. Un ingreso anual de $144.000 al año son unos $500 pesos por día", aseguróMario Grinman, prosecretario de la entidad, quien planteó un piso de ingresos de al menosun millón de pesos al añopara considerar el proyecto.

Oliva explicó queel 52% de los contribuyentesen la provincia son monotributistas, y quesólo uno de cada 10de ese total estaría alcanzado por el proyecto.

En diálogo conInfobae, Grinman se defendió de las acusaciones y dijo que los comerciantes están"a favor de todo mecanismo que persiga a la informalidad", pero el nivel de ingresos no es el único problema a la hora de rechazar el proyecto. La CAC también señaló otros tres problemas: no todas las localidades de la provincia cuentan con una"conectividad razonable", faltansucursales bancariasy los cupones de las terminales significarían "una carga administrativa mayor", sobre todo para loscomercios unipersonales.

Los costos detrás del sistema

El proyecto tiene el visto bueno de laAgencia Recaudadora de la provincia de Buenos (Aires), pues ayuda a combatir laevasión impositiva. "Reemplazar eldinero por el plásticoes un beneficio que alcanza también a los propios comerciantes. Además, el consumidor tiene el derecho de elegir el medio de pago", dijo a InfobaeIván Budassi, director Ejecutivo de Arba. Y Grinman ironizó: "¿Les van a exigir también a los manteros y a los deLa Saladitael uso del posnet?".

Otra de las razones que esgrimen los comerciantes para que la normativa excluya a los monotributistas son loscostos mensualesde una terminal electrónica. El sistema básico hoy cuestaentre $178 y $224 más IVA, valor al que hay que sumarle la tarifa de unalínea telefónica fija.LaPos(Visa) yPosnet(MasterCard)son las empresas más importantes en el mercado. Como el servicio necesita estar enlazado a una cuenta bancaria, un mantenimiento básico mensual puede rondar los $210 en un banco privado, y escalar hasta $260 si incluye otros servicios.

Las empresas suelenentregar la terminal en comodatoy el pago mensual incluye tanto los insumoscomo elmantenimiento, pero los gastos no terminan allí.

Este tipo de transacciones tienen un impuesto del1,5% para tarjetas de débitoy del3% para tarjetas de créditoque son asumidos por el comercio. Además, los pagos no se efectivizan de manera inmediata: con débito se acreditan en48 horas hábiles, mientras los efectuados con tarjeta de crédito en 18 días hábiles. "En el interior, los comerciantes pequeños reciben la mercadería y la pagan al pie de camión, o sea que tienen que pagarla y luego financiarla de 25 a 30 días", enfatizó Grinman.

Nuevos actores

Los cuestionamientos de los empresarios son respaldados por partidos políticos opositores como el Frente Renovador, que ya adelantaron que no aprobarían en Diputados el proyecto tal como está redactado. Pero más allá del aval de Scioli y el de ARBA, hace poco laDefensora Ciudadana de La Plata, María Monserrat Lapalma, envió una carta al presidente de Diputados, Horacio González, parasolicitar su "tratamiento y sanción en el actual período legislativo".

"No resulta unprocedimiento costososi se compara con todos los elementos que componen la habilitación de cualquier local comercial, máxime que las organizaciones asociativas cuentan con respaldo legal y técnicopara todos los emprendimientos de este tipo", enfatizó Lapalma en el escrito.

Más allá de este caso en particular, el reclamo de los empresarios se enmarca en un contexto donde lainformalidad laboralafecta al 46% de los trabajadores en el país, según un informe reciente de laOrganización Internacional del Trabajo (OIT); y la presión tributaria del país es de casi el 34% del PBI, una de las mayores del mundo. Es por eso que loscruces entre las dos partesvan más allá de la aprobación de una ley.

 

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