Ley de Abastecimiento, realizada por la Cámara Argentina de Comercio

 

 

 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2014

 

Señor

 Dip. Axel Ziegler

 H. Cámara de Diputados de la Nación

 

Presente

 

De nuestra mayor consideración:

 

La Cámara Argentina de Comercio (CAC), entidad de cúpula representante del Sector Comercio y Servicios en Argentina, ha manifestado públicamente su opinión con respecto al proyecto de ley que regula las relaciones de consumo y modifican la ley de abastecimiento. Si bien la CAC considera de suma importancia la promoción de la defensa de los consumidores, la disponibilidad de mayor información y transparencia en el mercado, y la regulación por parte del Estado siempre que ello se justifique, destaca la necesidad de limitar la excesiva intervención del Estado en las empresas, ya que la actual propuesta ratifica los mecanismos de control conservando el espíritu de la norma actualmente vigente. Afirma querer evitar abusos, pero parece olvidar que es la competencia la garantía de defensa del consumidor. El rol que le corresponde al Estado es promover dicha competencia. Por ello, la CAC entiende que estas iniciativas afectan la actividad comercial.

 

La Cámara Argentina de Comercio, oportunamente, ha expresado su clara oposición al proyecto de ley referido a Abastecimiento y formuló distintas propuestas de modificaciones que fueran remitidas al Honorable Senado y al Poder Ejecutivo.

 

En esta oportunidad, la CAC solicita a los Sres. Diputados Nacionales tener en cuenta las siguientes observaciones en relación al proyecto de Regulación de las relaciones de Producción y Consumo (Abastecimiento), que formulamos con el objetivo de atenuar los graves inconvenientes que las normas contenidas en el proyecto, en su estado actual, producirían en su aplicación:

 

 El inciso c) del artículo 2 prevé que en aquellos casos en que la continuación de la actividad dispuesta por la Autoridad de Aplicación no sea económicamente viable se establecerá una “justa y oportuna” indemnización.  Consideramos que esta expresión debe sustituirse por los términos “justa e inmediata”.

 

Con relación al inciso i) del Artículo 2 que otorga la posibilidad de establecer regímenes de licencias comerciales consideramos que habilitar esta posibilidad puede llevar a la creación de sistemas cerrados, de preferencias, discriminaciones o privilegios que pueden vulnerar el derecho a ejercer libremente determinadas actividades.

 

El artículo 3º prevé que los Gobernadores y/o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puedan fijar precios máximos y “las pertinentes medidas complementarias”. Entendemos que esta última posibilidad es imprecisa y amplia, por lo que solicitamos su supresión.

 El artículo 4 º inciso a) establece la sanción de aquellas empresas que elevaren artificial o injustificadamente los precios, u obtuvieran ganancias abusivas. La Cámara Argentina de Comercio estima necesario que en la norma proyectada se establezca el significado preciso de los términos “artificial o injustificadamente”, así como “abusivas”, toda vez que la interpretación de estos conceptos quedará sujeta a la apreciación subjetiva de la autoridad de aplicación

En idéntico sentido el inciso b) de la nueva redacción continúa con la posibilidad de sancionar a aquel empresario que revaluara existencias. La Cámara Argentina de Comercio considera que si la empresa, por ejemplo, tuviera productos o insumos importados en su stock y no pudiera revaluar aquellos en caso de devaluación, no podría reponerlos afectando seriamente el normal desarrollo de su negocio. Lo mismo sucedería en períodos de inflación en los que se producen alteraciones frecuentes en los costos de adquisición de los productos.     

Aun cuando el proyecto da la posibilidad de realizar esta revaluación previa autorización expresa de la Autoridad de Aplicación, resultará fácticamente imposible que aquella interviniera en todos y cada uno de los casos que se podrían presentar ante el universo de productos que comprenden la actividad económica.

 La nueva redacción del artículo 4º de la Ley 20680 establece en su inciso g) que la Autoridad de Aplicación podrá también sancionar a aquellos que “discontinuaren” el abastecimiento normal y habitual de una zona a otra, sin causa justificada. Debe advertirse que la discontinuidad en el abastecimiento podría responder a diversas causales no imputables ni atribuibles al productor o prestador. La Cámara Argentina de Comercio considera que si la determinación de tales justificaciones también recae en la Autoridad que eventualmente sanciona, ésta podría interpretar en sentido amplio y en cualquier caso determinar la falta de causa justa de manera subjetiva. Para la Entidad, sería relevante que para la determinación de la existencia de una causa justificada se deberá contemplar un procedimiento que permita al presunto infractor informar sobre las razones que provocaron tal hecho.

 

El artículo 5º prevé que en caso de reincidencia la sanción podrá elevarse hasta el doble de la sanción original. La Cámara Argentina de Comercio estima que si en relación a otras ramas autónomas del Derecho manifiestamente se ha determinado la inviabilidad de la aplicación del instituto de la reincidencia, el mantenimiento de esta variable para el desarrollo de actividades productivas resulta a todas luces inequitativo e injusto. Se propone eliminar la figura de la reincidencia.

La nueva redacción del artículo 7º de la Ley 20680 establece que, para la fijación de las sanciones, se tomará en cuenta, en cada caso, el lucro generado con la conducta sancionada y su duración temporal, y el perjuicio provocado al mercado o a los consumidores. La Cámara Argentina de Comercio considera que toda vez que la redacción nada dice sobre los parámetros que se utilizarán para establecer la cuantía del supuesto lucro, como así tampoco sobre la cuantificación del perjuicio o eventual daño que se provocase en el mercado, resultaría necesario definir de manera precisa los criterios aplicables para determinar lucro y daño, así como el establecimiento de un procedimiento que permita al presunto infractor presentar la defensa de su derecho 

Con relación a la nueva redacción del artículo 17º de la Ley 20680 resulta cuestionable la supresión de la posibilidad de sustituir el depósito del pago de la pena de una multa – en pos de la posterior interposición de un recurso de apelación contra una resolución administrativa que la imponga – por una caución real suficiente o por garantía sobre el fondo de comercio, como lo autoriza la Ley 20.680 La redacción proyectada pretende que para ejercer el derecho de defensa, el presunto infractor cumpla con su obligación de pago, estableciendo la posibilidad de exceptuarse de ésta ante la potencialidad de sufrir un perjuicio irreparable. La Cámara Argentina de Comercio interpreta que, la determinación del acaecimiento de un perjuicio irreparable para el recurrente será facultad exclusiva de la Autoridad de Aplicación, lo que vulneraría la posibilidad de ejercer el derecho a defensa que debería reconocérsele al supuesto infractor. Por otra parte, sugerimos reponer para estos casos la figura de la caución real suficiente y del depósito en garantía sobre el fondo de comercio previsto en la Ley 20680 de Abastecimiento.

 

El texto proyectado agrega un nuevo componente al artículo 22º de la Ley 20680. En tal sentido, dispone que la prescripción de las infracciones se interrumpirán por la comisión de nuevos incumplimientos por parte del presunto infractor. Este extremo da lugar a la potencial estigmatización de una supuesta conducta reincidente, prolongando en el tiempo los efectos perjudiciales derivados de la negación del ejercicio del derecho a la defensa, por lo que solicitamos su supresión.

Por último, el proyecto establece la sustitución del artículo 27º de la Ley 20.680 suprimiendo en la nueva redacción el concepto de “urgente necesidad pública” sustituyéndolo por “situación de desabastecimiento o escasez”. Resulta necesario establecer cuáles serán los criterios aplicables  para que se considere la existencia de tal situación, más aún, cuando las medidas que eventualmente se adopten por parte de la Autoridad de Aplicación, serán proporcionales al alcance de la gravedad de los hechos que las motivan.

 

Le agradecemos la atención prestada a nuestra contribución y lo saludamos con la mayor estima.

 

 

 

Alberto O. Dragotto 

SECRETARIO

 Carlos R. de la Vega

PRESIDENTE